Presentadas como un plan para impulsar el empleo formal y enfrentar el desempleo, las 22 propuestas de la denominada Mesa de Reactivación Laboral esconden una profunda flexibilización del mercado laboral, trasladando gran parte del costo de la crisis económica desde las empresas hacia los trabajadores.
Aunque el informe incluye iniciativas positivas como la ampliación de la cobertura de sala cuna y programas de capacitación, el núcleo de las propuestas apunta a modificar pilares históricos de la legislación laboral chilena, reduciendo la estabilidad en el empleo y aumentando la capacidad de las empresas para adaptar las condiciones laborales según sus necesidades.
Uno de los cambios más controvertidos es la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio para los nuevos contratos, reemplazándola por un sistema de ahorro individual. En la práctica, esto significa que miles de futuros trabajadores perderían una de las principales protecciones frente a un despido, debilitando el costo que hoy enfrenta un empleador al poner término a una relación laboral.
A ello se suma el fortalecimiento de la causal de despido por "necesidades de la empresa", junto con la reposición de la denominada falta de adecuación laboral. Ambas modificaciones ampliarían las facultades del empleador para desvincular trabajadores por razones organizacionales o de adaptación al cargo, facilitando despidos que hoy enfrentan mayores exigencias de justificación y control judicial.
El informe también propone fortalecer la polifuncionalidad laboral, modificando el artículo 10 del Código del Trabajo para permitir que un trabajador pueda desempeñar múltiples funciones dentro de una misma empresa. Si bien se plantea como una oportunidad de capacitación, en la práctica podría traducirse en que una sola persona termine realizando tareas que antes eran ejecutadas por varios trabajadores, sin garantías de una remuneración proporcional al aumento de responsabilidades.
Otra de las propuestas busca extender desde las actuales 4 semanas hasta 52 semanas el período de referencia para calcular el promedio de la jornada laboral. Esto permitiría distribuir las horas de trabajo de manera mucho más flexible durante un año completo, generando períodos con una carga laboral significativamente mayor para luego compensarlos con semanas de menor actividad, reduciendo la previsibilidad de los horarios y afectando la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Además, se plantea simplificar la autorización de jornadas excepcionales y ampliar los turnos en obras públicas, medidas que podrían traducirse en jornadas más extensas y una mayor disponibilidad exigida al trabajador, siempre bajo el argumento de aumentar la productividad y acelerar la ejecución de proyectos.
En conjunto, estas propuestas reflejan un cambio de enfoque en la regulación laboral: en lugar de fortalecer la protección del empleo frente a un mercado laboral deteriorado, varias de las medidas priorizan entregar mayor flexibilidad a las empresas, disminuyendo costos de contratación y despido, ampliando las facultades del empleador y reduciendo mecanismos de protección que durante décadas han formado parte de la legislación laboral chilena.
Sus impulsores sostienen que estas modificaciones favorecerán la creación de empleo y reducirán la informalidad. Sin embargo, sus críticos advierten que el costo de esa eventual reactivación recaería principalmente sobre los trabajadores, quienes enfrentarían empleos con menor estabilidad, mayor incertidumbre frente al despido, más funciones por realizar y una distribución de la jornada laboral considerablemente más flexible en beneficio de las necesidades de la empresa.
Las medidas una a una:
1. Aprobar con urgencia la reforma a sala cuna en trámite en el Senado, con ajustes en financiamiento, monitoreo y cobertura territorial.
2. Ampliar la cobertura de educación preescolar para niños y niñas entre 2 y 4 años.
3. Crear un Sistema Integrado de Cuidado Extraescolar que reemplace al Programa 4a7.
4. Establecer un sistema centralizado de monitoreo de cupos preescolares y postulación única.
5. Ajustar el diseño del Subsidio Unificado al Empleo (SUE) para que opere como incentivo efectivo a la contratación.
6. Ampliar a 2 o 3 turnos el trabajo en obras públicas en ejecución.
7. Crear un grupo de trabajo gubernamental para abordar la informalidad laboral.
8. Implementar un programa de Talento Joven para estudiantes de educación media técnico-profesional.
9. Mantener la franquicia tributaria de capacitación con copago empresarial y otros ajustes de calidad.
10. Modificar los programas sociales de SENCE, incluyendo certificación de OTECs y licitaciones multianuales.
11. Crear un Sistema de Desarrollo Continuo de Habilidades Productivas con portal único (SDCHP).
12. Extender de 4 a hasta 52 semanas el período de referencia para calcular el promedio de la jornada laboral.
13. Establecer un mecanismo de reducción temporal de jornada ante shocks económicos, financiado en parte por el Seguro de Cesantía.
14. Simplificar la autorización de jornadas excepcionales en sectores de operación ininterrumpida.
15. Evaluar la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio para nuevos contratos.
16. Fortalecer la polifuncionalidad laboral mediante modificación al artículo 10 del Código del Trabajo.
17. Fortalecer el artículo 161 sobre causal de necesidades de la empresa y reponer la falta de adecuación laboral.
18. Constituir una mesa de trabajo entre los ministerios del Trabajo y Justicia para abordar la judicialización laboral.
19. Permitir teletrabajo sin sujeción a jornada para cuidadores de menores o personas dependientes.
20. Corregir aspectos de la ley de empresas de aplicación de transporte (EAT) que afectan el empleo de conductores.
21. Solicitar al INE que explique las discrepancias entre la Encuesta Nacional de Empleo y los registros administrativos de cotizantes.
22. Crear un sistema abierto de microdatos anonimizados que integre las bases del Seguro de Cesantía, SENCE, la Dirección del Trabajo y las superintendencias de Pensiones y Seguridad Social.