Mientras muchos chilenos sienten que las deudas y problemas económicos los persiguen durante años, con familias complicadas por créditos, cuentas impagas y un costo de vida cada vez más alto, un caso generó indignación en redes sociales: Matías Ignacio Letelier Muñoz, odontólogo de La Serena acusado de hacerse pasar por carabinero, quedó en libertad tras pagar una caución de $2 millones.
Pero detrás de la imagen de “un error” o una simple anécdota hay antecedentes mucho más graves. Según lo expuesto en la formalización, el sujeto no solo vestía prendas similares a las de Carabineros mientras realizaba aparentes controles vehiculares: también se desplazaba en un automóvil cuya placa patente mantenía encargo por robo y portaba armas, entre ellas una pistola a fogueo considerada adaptable.
Durante el procedimiento además se encontraron elementos que llamaron la atención de los investigadores: balizas, chalecos, cámara corporal, linternas, equipamiento táctico y una identificación con el nombre “mayor Letelier”. La Fiscalía le imputó delitos como usurpación de funciones públicas, uso de uniforme policial, receptación de placa patente robada y porte de arma de fuego adaptable.
Tras recuperar la libertad, Letelier pidió disculpas públicas y aseguró que se “extralimitó”, explicando que mantenía un vínculo cercano con funcionarios de Carabineros y que solo habría intentado colaborar ante un problema de tránsito. Sin embargo, para el Ministerio Público el caso no corresponde a una simple confusión: un civil simulando autoridad policial puede inducir a engaño y provocar situaciones de riesgo.
La polémica creció aún más porque no es la primera vez que su nombre aparece en controversias. En 2018 fue nombrado seremi de Salud de Coquimbo, pero no llegó a asumir luego de que se detectaran cuestionamientos a antecedentes incluidos en su currículum, los que fueron desmentidos por distintas instituciones.
El caso deja una sensación amarga para muchos ciudadanos: mientras una persona común siente que el sistema cae con todo su peso ante cualquier deuda o incumplimiento, un hombre investigado por presentarse como autoridad policial, portar armas y circular asociado a una patente cuestionada pudo salir en libertad pagando una suma de dinero. La justicia deberá determinar su responsabilidad final, pero la discusión sobre igualdad ante la ley ya quedó instalada.